Solo el 49,3% del profesorado se siente satisfecho con la formación intercultural que ha recibido. El dato pertenece a Interculturalidad. Gestión de la diversidad cultural y percepciones sobre interculturalidad en ámbitos educativos formales y no formales en España, un estudio elaborado por la Coordinadora de Plataformas Sociales Salesianas junto a las fundaciones Bosco Global y Jóvenes y Desarrollo, en el marco del convenio EnRÉDate por la Interculturalidad y con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Basado en más de 800 encuestas y entrevistas cualitativas en profundidad, el informe confirma que la buena voluntad no basta para frenar el racismo estructural en las aulas.
Ese déficit formativo, según el informe, tiene carácter sistémico. Al no tratarse de una capacitación obligatoria ni estar integrada de forma orgánica en el horario laboral, la gestión de la diversidad cultural queda, en la práctica, en manos del compromiso individual de cada docente. La consecuencia, advierte el estudio, es que los esfuerzos institucionales se reducen con frecuencia a una ‘interculturalidad folclórica’, jornadas gastronómicas o celebraciones puntuales de costumbres ajenas, que simplifica la realidad e impide abordar el racismo estructural de fondo. Sin una hoja de ruta formativa clara, señalan los investigadores, cada centro y cada docente terminan improvisando su propia respuesta ante situaciones que requerirían un enfoque compartido.
La paradoja de la convivencia
El estudio identifica también lo que denomina la ‘paradoja de la convivencia’. Las aulas se perciben de forma casi unánime como espacios seguros y respetuosos con valoraciones de 4,54 sobre 5 en el ámbito formal y 4,73 sobre 5 en el no formal, pero esa percepción positiva se erosiona en cuanto la juventud se exponen a discursos de odio fuera del centro, especialmente en internet y redes sociales. Los profesionales entrevistados señalan, además, que los conflictos derivados del racismo estructural o la discriminación por origen suelen etiquetarse de forma reduccionista como simples «problemas de conducta» o faltas disciplinarias, lo que invisibiliza su origen ideológico, histórico y sociocultural.
La investigación señala, por último, la rigidez organizativa de los centros como una barrera activa de exclusión para las familias trabajadoras y de origen migrante. El análisis cualitativo constata que los horarios inflexibles y los trámites burocráticos generan una brecha de desconfianza relacional entre las familias y las instituciones educativas. A esto se suma una marcada brecha de género en la implicación familiar: son mayoritariamente las madres quienes sostienen la relación con los centros, reflejo de mandatos de género que el informe considera necesario deconstruir desde un enfoque de corresponsabilidad.
Ante este panorama, las entidades firmantes del informe hacemos una llamada urgente a las Administraciones públicas y a las direcciones de los centros para asumir una responsabilidad institucional compartida. Entre las prioridades, además de la flexibilidad, formalizar espacios de co-creación como escuelas de familias y talleres prácticos que respondan a las necesidades de adaptación.
Solo desmantelando la rigidez organizativa y dotando de un currículum formativo obligatorio y práctico en educación antirracista a todo el personal educador será posible transformar las aulas: de espacios de mera resistencia pasiva a auténticos espacios de encuentro, motores de equidad, derechos y transformación social crítica.