Formación profesional y menores en riesgo Congo

Jóvenes y Desarrollo en el país:

La República de Congo, conocida como Congo-Brazzaville, es un pequeño país poco poblado, con poco más de 4 millones de habitantes. A pesar de su escaso territorio, posee recursos minerales de gran valor: petróleo, oro, diamantes, zinc, cobre y plomo. El sector petrolero es la principal actividad económica del país, representando el 76 % de los ingresos del Estado y el 86 % de las exportaciones.

Casi la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza y apenas tiene acceso a infraestructuras sanitarias y sociales. La corrupción denunciada durante mucho tiempo por la comunidad internacional y la sociedad civil se ha convertido en uno de los males endémicos del país. La educación es junto a la salud, uno de los sectores que el gobierno congoleño califica de prioritarios. No obstante, los resultados no son todavía satisfactorios. Aunque la República de Congo tiene una tasa de escolarización particularmente alta (el 80 % de los niños congoleños están escolarizados), tiene muchos problemas a la hora de garantizar un buen nivel de educación al conjunto de su población. La instrucción pública no ha sido la prioridad política del Congo en un contexto de guerra civil. Son muchos los jóvenes congoleños que caminan día tras día por las calles de ciudades y aldeas buscando un trabajo. El 59 % de la población de Congo es menor de 24 años y la tasa de desempleo juvenil es del 53 %.

La situación en materia de derechos de la infancia en Congo sigue siendo excesivamente frágil e inquietante. Son numerosos los niños y niñas que viven en las calles y que se ven sometidos a todo tipo de discriminaciones, principalmente en Brazzaville y Pointe Noire, las dos ciudades principales del país.
Nuestro socio local en el país, los Salesianos de Don Bosco, llegaron al Congo en 1958. Actualmente están presentes en la capital, Brazzaville (en los barrios marginales de Makélékélé y Massengo) y en Pointe Noire (en los barrios populares de Tié-Tié y Mpaka). Allí gestionan dos parroquias, dos centros de formación profesional, dos centros educativos de primaria y secundaria, dos centros de acogida de niños en riesgo de exclusión social y tres centros juveniles.

Apoyamos a nuestro socio local mediante el fortalecimiento de los dos centros de Formación Profesional en Pointe Noire y Brazzaville, a través de los cuales se da la oportunidad a más de 3.000 jóvenes en situación desfavorecida de poder recibir una formación de calidad que les garantice el acceso a un empleo digno. El objetivo que se pretende es luchar contra la pobreza y la marginalidad social de la juventud en la República del Congo, mediante la implantación de una Formación Profesional de calidad y la inserción en el mundo laboral. Este proyecto es financiado por la delegación de Unión Europea en el país.

Contamos con el apoyo de los Ayuntamientos de Santander, Reinosa, así como dl grupo de apoyo Mundo Vivo, el club Rotarios de Santander, la Fundación Carmen Rodríguez Granda y otros colaboradores privados como la Fundación Iraizoz y la empresa Ausolan para complementar la plena ejecución de los citados programas.
Otra de nuestras líneas de actuación en el país es el apoyo a la infancia en situación de riesgo, a través de los dos centros de acogida de niños en situación de calle y mediante la coordinación con entidades públicas y privadas que intervienen en la protección de la infancia en el país.

La Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, entidad asociada en el proyecto, aportó su experiencia en la elaboración de un estudio sociológico sobre el fenómeno de los niños en situación de acalle a través del apoyo de profesores expertos que se desplazaron a la ciudad de Pointe Noire.Hay que destacar la participación en el proyecto, como entidad asociada, de la Fundación Real Madrid, a través de sus escuelas socio-deportivas y de la financiación de material deportivo. El proyecto no sólo pretende mejorar las capacidades de acogida, asistencia y reinserción de los niños acogidos, sino que contribuye a sensibilizar y coordinar a la sociedad civil (ONG, líderes sociales y padres de familia), autoridades político-administrativas y judiciales en relación a la protección y promoción de los derechos y libertades de los menores en riesgo.